Proyecto de ley modifica el Código Penal en materia de aplicación de la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior para extranjeros.
Cuba debe proteger a activista de derechos humanos que ha sufrido apremios por parte de agentes estatales, resuelve la CIDH.
Ministerio de Salud Pública de Ecuador expide reglamento para aplicar la eutanasia en el país.
Proyecto de ley modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para asegurar un caudal mínimo de agua potable destinada al consumo humano a usuarios afectados por corte del suministro.
Tribunal Constitucional de España anula sentencia dictada contra mujer que fue obligada a practicarse una alcoholemia en un procedimiento viciado, a pesar de conducir bajo la influencia del alcohol.
Monto de bono compensatorio de sala cuna debe ser equivalente a los gastos que irrogaría al empleador el otorgamiento del beneficio.
El sometimiento político del sistema electoral en el Perú.
Que el presidente del JNE sea elegido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República no lo convierte en una especie de representante sujeto al mandato imperativo de dicha corporación. Si eso fuese así entonces el JNE terminaría siendo un apéndice o brazo ejecutor, si se quiere, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Algo que no solo resulta inconstitucional sino también contrario al diseño institucional de administración electoral consagrado en la Constitución.
Irán atacó a Israel ¿se equivocó?
La consabida reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demostró una vez más, que no hay ningún acuerdo, que las posiciones no han variado frente a la situación del Medio Oriente, sobre Gaza y la guerra de más de seis meses, la causa palestina, la necesaria ayuda humanitaria, o las sanciones a Israel. La paz del mundo está, y más que antes, verdaderamente amenazada.
El estigma de los divorciados y el valor de la inscripción en el Registro Civi.
Comprendiendo el sentimiento de las personas viudas y divorciadas que se han sentido discriminadas y que han enfrentado prejuicios, y que incluso podría afectar a otros estados civiles, por ejemplo, un soltero mayor que ha logrado contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, que podríamos decir de él. Creo que debemos reconsiderar este proyecto, en particular, porque en ocasiones el divorcio y resultado de faltas muy graves, atentados, Comisión de delitos, si bien estas causas no figuran en el Registro.
“¿88 o 180?”: Sobre el proyecto de ley que busca terminar el debate sobre el cálculo de los tiempos de espera de choferes de carga interurbana.
la norma acepta que los tiempos de espera no son imputables a la jornada laboral; y, por la otra, que la división para el cálculo de los tiempos de espera debe hacerse con el máximo de la jornada ordinaria (180) y no con el máximo de tiempos de espera (88). Indudablemente, esta discrepancia plantea una incoherencia en la manera de regular los tiempos de espera, proponiendo un texto que no se apega a las reglas de la lógica, especialmente, al principio de no contradicción.
Martín Jofré Celis, cofundador de CryptoMarket: “Es vital distinguir entre métodos de autenticación seguros y procesos que recopilan datos sensibles, los cuales, si no se manejan adecuadamente, pueden ser utilizados para suplantación de identidad.
Jofré recomienda utilizar métodos de autenticación robustos para proteger la identidad de los usuarios y asegurar un acceso seguro a sistemas y datos sensibles. Se deben utilizar una amplia gama de técnicas avanzadas, incluyendo autenticación de dos factores (2FA), autenticación multifactor (MFA), y métodos biométricos, entre otros. Estas medidas son cruciales para mantener la seguridad en los procesos de registro y operación.
Eduardo Schindler explica por qué la democracia directa es la mejor alternativa para mejorar el Chile de hoy.
El que haya un ajuste hacia una cierta equivalencia entre los niveles de libertad/autonomía cívica y económica es inevitable. Si es sin la democracia directa, el ajuste será hacia la mayor pobreza y menor libertad de otrora - que es el proceso en que se encuentra Chile desde hace ya varios años. Si es con la introducción de la democracia directa, entonces se podrá no sólo frenar y revertir el “caer para atrás”, sino que se podrá además acceder a un proceso virtuoso y auto-sostenible hacia niveles cada vez mayores de libertad y prosperidad.
El derecho a poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, ¿es un riesgo o brinda mayor protección y seguridad a la población?
El abogado de la Universidad de Chile destaca la importancia de distinguir entre la legítima defensa como concepto fundamental en cualquier sistema penal y la 'legítima defensa garantizada' propuesta en la nueva Constitución. Entre sus argumentos expone que “es importante tener presente que la Ley permite hoy, cumpliendo con ciertos requisitos, tener armas de fuego en el domicilio para defensa personal, de modo que parece innecesario y peligroso que esté en la Constitución".
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR) es la representante de la Iniciativa Popular de Norma que protege el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una Ley de quorum calificado indique. Su principal argumento es que “Debemos abogar por los derechos de las personas que desean defenderse ante el alza de criminalidad que está azotando nuestro país".
Sobre la nueva Ley de Delitos Económicos.
La Ley establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
Nueva regulación para apuestas en línea en Chile: Enfoque en competencia y responsabilidad.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados desempeña un rol clave en la discusión y votación del proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.
Sobre la nueva Ley de Delitos Económicos.
La Ley establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados “delitos de cuello y corbata”, aumentando las sanciones y ampliando el catálogo de delitos imputables a las empresas. En este sentido, cuando el delito tenga una pena teórica de presidio o reclusión (cárcel) es mucho más probable que deba cumplirse efectivamente con privación de libertad, ya que lo que busca esta nueva legislación es evitar que se produzca la sensación de impunidad frente a la comisión de delitos económicos.
Nueva regulación para apuestas en línea en Chile: Enfoque en competencia y responsabilidad.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados desempeña un rol clave en la discusión y votación del proyecto de ley. Esta propuesta busca establecer un entorno de mercado que involucre tanto a actores locales como extranjeros, ofreciendo a los usuarios una diversidad de juegos de azar atractivos.
El derecho a poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, ¿es un riesgo o brinda mayor protección y seguridad a la población?
El abogado de la Universidad de Chile destaca la importancia de distinguir entre la legítima defensa como concepto fundamental en cualquier sistema penal y la 'legítima defensa garantizada' propuesta en la nueva Constitución. Entre sus argumentos expone que “es importante tener presente que la Ley permite hoy, cumpliendo con ciertos requisitos, tener armas de fuego en el domicilio para defensa personal, de modo que parece innecesario y peligroso que esté en la Constitución".
La directora ejecutiva de la Asociación Chilena del Rifle (ACDR) es la representante de la Iniciativa Popular de Norma que protege el derecho a defenderse y poseer armas de fuego para ejercer la legítima defensa, en los términos que una Ley de quorum calificado indique. Su principal argumento es que “Debemos abogar por los derechos de las personas que desean defenderse ante el alza de criminalidad que está azotando nuestro país".